Tribuna de Abdulah Arabi en EL INDEPENDIENTE : “El Sáhara Occidental y la responsabilidad de España”

Madrid- Coincidiendo con la conmemoración del 46 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática, el delegado saharaui en España, Abdulah Arabi, ha abordado en una tribuna-opinión, publicada en el medio español EL INDEPENDIENTE, los antecedentes históricos de la lucha por la total independencia del Sahara Occidental, en el marco de un proceso de descolonización bien definido, y los esfuerzos en la consolidación un Estado como única solución acorde a las aspiración del pueblo saharaui y de la región. 

Asimismo, Arabi no deja pasar la ocasión para insistir en la responsabilidad de España, potencia colonial, en el proceso que aún pesa sobre Madrid desde la firma de los nulos e ilegales “Acuerdos Tripartitos de Madrid”.

El diplomático saharaui aprovechó el espacio brindado por el digital español para trasladar y compartir con la opinión pública el claro mensaje que llevan los saharauis defendiendo desde el 27 de febrero de 1976: “El Estado saharaui libre e independiente, la RASD, es la garantía de estabilidad”.

Enlace de EL INDEPENDIENTE : El Sáhara Occidental y la responsabilidad de España 

 

Abdulah Arabi

Delegado del Frente Polisario en España

España abandonó el Sáhara Occidental sin concluir el proceso de descolonización que se había iniciado y sin respetar el derecho a la autodeterminación de su pueblo, que simplemente quería seguir la senda que habían iniciado, y mayoritariamente concluido, otros pueblos del continente africano. Para ello, el gobierno de España del momento recurrió a los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid, traicionando todas las promesas hechas al pueblo saharaui.

Hoy, el Sáhara Occidental sigue siendo uno de los diecisiete Territorios No Autónomos de todo el mundo y cuya cuestión es tratada en Naciones Unidas como una cuestión de descolonización, especialmente en el seno del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Además, es la última colonia que queda en el continente africano y es el único de los diecisiete territorios que tiene como potencia colonial a España.

Cada vez que la lucha del pueblo saharaui intenta adquirir cierto protagonismo, sucede algo. Nada es casual viniendo de Marruecos, cuyo lema siempre ha sido y seguirá siendo «cuanto peor, mejor».

En este sentido, queda sobradamente demostrado que todos los acontecimientos graves que afectan a las relaciones entre España y Marruecos guardan un paralelismo evidente con la cuestión del Sáhara Occidental, como resultado de una estrategia de chantaje y manipulación orquestada por Marruecos y ejecutada por su lobby político, empresarial y mediático en España.

Esta turbia estrategia responde al hecho de que la clave de la ocupación del Sáhara Occidental es la explotación y el saqueo persistentes de sus recursos naturales violando descaradamente el Derecho Internacional, como se confirmó en las históricas y recientes sentencias dictadas por el Tribunal General de la Unión Europea en septiembre de 2021. En las mismas, el Tribunal incidió de manera determinante, en argumentos que ya habían sido esgrimidos en Sentencias de 2016 y 2018, al determinar que el Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios distintos y separados.

Según el fallo, la UE y Marruecos no pueden incluir, al Sáhara Occidental en sus relaciones comerciales sin el consentimiento previo del pueblo saharaui, a través de su legítimo Representante, el Frente Polisario. Lo anterior es consecuencia de la aplicación de la doctrina del efecto relativo de los tratados, al ser considerado el Sáhara Occidental un tercero en el acuerdo no puede verse obligado por un acuerdo al que no ha prestado consentimiento libre y válido.

La Justicia Europea remarca que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, es una simple potencia ocupante y, por lo tanto, su presencia en el territorio es ilegal. El deber de todos los Estados, en particular España, es de abstenerse de tomar medida alguna que prive al pueblo saharaui de su ejercicio a la libre determinación; y tienen el deber jurídico de respetar y promover el ejercicio de tal derecho y, esto convierte en inadmisible e ilegal cualquier refuerzo a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, incluido el respaldo a la tesis de la autonomía que Marruecos intenta presentar como única solución del conflicto.

Cualquier esfuerzo que no tenga como objetivo completar el proceso de descolonización, sería una violación del derecho internacional y una negación del derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, derecho consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.

La represión ejercida por las fuerzas de ocupación marroquíes a los derechos y libertades, especialmente los relativos a la autodeterminación, y su falta de supervisión internacional ponen de relieve el falso e irreal relato de Marruecos sobre el Sáhara Occidental a la vez que hace lo propio con España y los demás países que se jactan de la defensa de los derechos humanos.

España debe entender que la violación del Derecho Internacional en el Sáhara Occidental no solamente ha arrojado al pacífico pueblo saharaui a un drama del que sigue padeciendo sus devastadoras consecuencias, sino que también ha provocado en toda la región del norte de África una inestabilidad permanente, hipotecando así todo intento de lograr un desarrollo económico, social y político, tan ansiado y necesario tanto para la región como para la Unión Europea.

La existencia de un Estado saharaui libre e independiente, la RASD, supondría una garantía de estabilidad y cooperación económica, actuando como dique de contención frente a los fenómenos que azotan en la actualidad a España y el resto de Europa, por la falta de una política real y eficaz de buena vecindad y reciprocidad mutua.

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